“Una interpretación rígida de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 8 de julio de 2020, nos llevaría a que en Colombia desaparecería el estatuto disciplinario para los servidores de elección popular y que ninguna autoridad, aún aquellas de carácter judicial que no hacen parte de la justicia penal, podrían imponer sanciones que impliquen la restricción de los derechos a elegir y ser elegido”, sentenció Cabello.
Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que solo los jueces pueden restringir derechos políticos, en el fallo que protegió los derechos del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, la procuradora insiste en que el Congreso autorizó a su entidad, con facultades jurisdiccionales o de juez, para adelantar acciones disciplinarias contra los elegidos popularmente.
La Corte Constitucional estudia varias demandas que piden tumbar las facultades jurisdiccionales o de juez que le fueron otorgadas a la Procuraduría en una reforma aprobada en 2021.