Luego de la tormenta mediática que causaron las declaraciones de Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, más conocido por su alias de Antonio García, jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que condicionó el cese del secuestro extorsivo a nuevas formas de financiación para esta estructura al margen de la ley, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció el martes 26 de diciembre y repudió esta posición.
“La ruta a seguir será el cumplimiento de dichos acuerdos tal y como están redactados, no lo que algunos interpretan o imaginan”, indicó García en su más reciente carta, que hizo énfasis en el cuarto punto del comunicado emitido el 17 de diciembre, en el que se dejaría en claro que la suspensión de esta práctica se daría solo si se cumple con la “creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México”.
En síntesis: una fuente de financiación externa que le permita a la guerrilla su sostenimiento y la cesación de conductas delictivas que vayan en contra de la población civil, pues aparte del secuestro seguiría extorsionándose a los ciudadanos en diferentes partes del país. En su momento, incluso, se habló por parte del jefe del equipo negociador del ELN, alias Pablo Beltrán, del apoyo de los países garantes, lo que también generó polémica.