Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, se enfrentará a una pena de 21 años de cárcel, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Esto luego de ser capturado el día de hoy debido a las pruebas que encontró la Corte Suprema de Justicia.
La entidad le impone una pena de 259.5 meses (259 meses 15 dias) de prisión, multa de $817.482.400.00 más 187.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos para un total de $914.271.500.00, que deberá cancelar a favor a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 240 meses y de inhabilidad intemporal prevista en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta Politica, con fundamento en las consideraciones expuestas.
De acuerdo con la investigación realizada por la Corte Suprema de Justicia, Abadia fue declarado culpable de los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y apropiación indebida de fondos públicos. Esto se debe a las irregularidades que ocurrieron en el año 2010 durante la firma de un contrato de cooperación con la Fundación Calimío, cuya representante era Luz Delly Martínez.
Este contrato tenía como objetivo proporcionar material bibliográfico para 40 bibliotecas en centros educativos. Se acordó un monto de $1.072 millones para el contrato, de los cuales el departamento se comprometía a pagar mil millones, mientras que el resto sería proporcionado por la fundación.
La captura se llevó a cabo en un operativo nocturno en la ciudad de Cali, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. Este hecho refleja el compromiso de las autoridades judiciales en la persecución de la corrupción y la garantía de la rendición de cuentas, incluso para aquellos que ocuparon altos cargos públicos.
La detención del exgobernador marca un hito en el proceso legal que se llevan a cabo en su contra, y se espera que la lectura del monto de la pena y su posterior destino se determinen en una diligencia ante la Corte Suprema de Justicia.