El juez Jaime Herrera Niño, quien tiene el expediente desde 2016, ha anunciado la decisión este miércoles, casi tres años después del final del juicio.
Aunque todavía no se conocen detalles, el exmandatario, uno de los primeros opositores al presidente Gustavo Petro, ya se pronunció en su cuenta de X. “Gracias a Dios”, ha escrito.
El caso contra el menor de los hermanos Uribe Vélez está relacionado con el grupo paramilitar Los 12 apóstoles, una organización consolidada por una docena de hombres entre ganaderos, empresarios, policías y un sacerdote, que comenzó a operar en 1992 bajo el nombre Autodefensas del norte lechero, en Yarumal, al norte del departamento de Antioquia.
La región vivía un crecimiento de la presencia de la guerrilla de las FARC, responsable del asesinato del padre de los Uribe Vélez. La familia Uribe, terrateniente y ganadera, tenía fincas en la zona.
Álvaro, el expresidente, fue gobernador del departamento entre 1995 y 1997. Luego, como presidente, lideró una polémica negociación con los principales grupos paramilitares que llevó a su desmovilización, mientras combatía de frente a la guerrilla.
El debatido vínculo entre su hermano menor y el grupo paramilitar ha sido objeto de muchos debates, informaciones y polémica. Un reciente informe reservado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), producto de una investigación que lidera el magistrado Pedro Díaz, muestra a Santiago Uribe Vélez como cabeza de la organización paramilitar Los 12 apóstoles, a la que se le atribuyen al menos 300 homicidios, desapariciones forzadas y otros actos de violencia bajo la impunidad.
Según los testimonios de diferentes procesos penales, muchas de estas acciones se planificaron en la finca La Carolina, propiedad de Santiago Uribe, donde según esas voces se reunían los miembros del grupo para coordinar sus acciones.
Un antiguo policía llamado Jairo Rodríguez Venegas rinde cuentas ante la JEP por este caso. Fue director interino de la seccional de inteligencia de la Policía (Subsijín) en Yarumal, y ha reconocido su responsabilidad en crímenes cometidos por ese grupo.
En una resolución de la JEP, fechada el 17 de noviembre de 2023, se cita un documento de la Fiscalía en el que Santiago Uribe Vélez aparece mencionado como uno de los cofundadores de la banda.
“A partir de la prueba testimonial y documental, se reprocha que Santiago Uribe Vélez, en los primeros años de la década de los noventa, habría conformado y dirigido desde la Hacienda La Carolina, un grupo armado ilegal que se estructuró con el propósito de ejecutar una política de exterminio en contra de quienes eran considerados como indeseables sociales, pero también para eliminar militantes y auxiliadores de los grupos subversivos que operaban en la región; propósito para el cual contaron con el concurso, por acción y omisión, de miembros de la Policía Nacional e integrantes de inteligencia militar”.
Es esa la acusación central que la Fiscalía llevó a juicio, y que desestima la decisión de primera instancia conocida este miércoles.