Luego de la aprobación de ley 2381 de 2024, más conocida como la reforma pensional, son muchos los cambios que tendrá el sistema desde el 1 de julio de 2025.
Entre los más relevantes está la implementación de un sistema de pilares bajo el que se encontrarán agrupados los cotizantes, según características como las semanas cotizadas, la edad y su capacidad económica de aportar al sistema.
Sin embargo, esta nueva ley también trae consigo un impacto relevante para las empresas que tengan a su cargo trabajadores que se encuentren vinculados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.
Además de descontar el monto necesario de los honorarios del trabajador independiente, también será responsabilidad de la empresa; efectuar el pago dentro del plazo establecido, mantener actualizada toda la información requerida para el pago de contribuciones parafiscales, responder por la totalidad del aporte aunque no se realice el descuento al trabajador independiente, facilitar el acceso a la información relacionada con la elección del fondo de pensiones de ahorro individual de preferencia de los afiliados, respetar está decisión y, por último, informar las novedades laborales de sus trabajadores o contratistas de prestación de servicios a la entidad a la cual están afiliados, además de notificarles a estos los beneficios o garantías que tienen al cotizar al Sistema General de Seguridad Social.
Este cambio, aunque parezca sutil, plantea grandes retos para los empresarios, ya que crea una carga administrativa para estos, asignándoles la obligación de realizar el proceso de descuento de los aportes a los trabajadores independientes y asegurarse de realizar el pago en nombre de estos dentro del plazo establecido.