Estas figuras legales están contempladas en la Constitución y son herramientas excepcionales que permiten al Gobierno actuar rápidamente frente a situaciones que amenazan el orden público o la estabilidad económica de un territorio.
Y es que la región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia, específicamente en el departamento de Norte de Santander, ha sido escenario de una escalada significativa de violencia en los últimos días.
Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han dejado un saldo de al menos 80 personas fallecidas y más de 10.000 desplazadas, muchas de las cuales han buscado refugio en Venezuela.
Esta crisis humanitaria ha llevado al presidente Gustavo Petro a suspender las negociaciones de paz con el ELN, acusando al grupo de optar por la guerra y de cometer crímenes de guerra.
Además, el gobierno ha desplegado tropas adicionales en la región y ha preparado ayuda humanitaria para los desplazados.
El estado de conmoción interior, regulado por el artículo 213 de la Constitución de 1991, se declara cuando hay graves alteraciones del orden público que no pueden ser controladas por los medios ordinarios.
Este mecanismo otorga al presidente facultades extraordinarias, como expedir decretos con fuerza de ley, restringir derechos fundamentales como el libre tránsito y autorizar el uso de la fuerza pública en ciertas condiciones. Sin embargo, estas medidas deben ser proporcionales y estar bajo vigilancia de la Corte Constitucional.