La Fiscalía General de la Nación asestó un duro golpe contra la pedofilia al judicializar a dos individuos señalados de cometer despreciables actos sexuales contra menores de edad en los municipios de Bugalagrande y Tuluá.
Las víctimas, de tan solo 9 y 15 años, fueron engañadas y violentadas por los presuntos agresores, quienes ahora enfrentan la justicia tras ser presentados ante jueces de control de garantías.
En un escalofriante caso ocurrido en Bugalagrande, Darío Arnulfo Morales Franco, de 60 años (foto izquierda) y quien se desempeñaba como aseador en una institución educativa, fue imputado por los delitos de demanda de explotación comercial de persona menor de 18 años y acto sexual violento agravado.
La investigación de la Fiscalía reveló que el pasado 16 de septiembre de 2024, Morales Franco habría conducido a la fuerza a la menor de 9 años hacia los baños del colegio, donde la encerró y la sometió a tocamientos sexuales. Además, se presume que el sujeto le ofreció dinero a la niña a cambio de fotografías desnuda. La captura de Morales Franco se materializó el 25 de marzo en zona rural del municipio de Andalucía, gracias a la acción del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Por otro lado, en Tuluá, Jerson Steven Barbosa Pineda fue judicializado por el delito de acceso carnal violento. La víctima en este caso es un adolescente de 15 años, quien sufrió la agresión en esa localidad el pasado 15 de marzo.
Durante las audiencias, ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, ante la gravedad de los hechos y el material probatorio presentado, los jueces de control de garantías determinaron que tanto Morales Franco como Barbosa Pineda deberán cumplir medida de aseguramiento en centros carcelarios, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Estos casos revisten especial gravedad y ponen de manifiesto la constante lucha de las autoridades por proteger la integridad de los menores en el departamento del Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación continúa con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y garantizar que los responsables sean judicializados con todo el peso de la ley.