La Fundación San José de Buga, a través de su gerencia y junta directiva, emitió un pronunciamiento oficial para aclarar las recientes publicaciones en medios sobre la condena a un contratista que cobró reclamaciones falsas por accidentes de tránsito.
En el comunicado, la institución precisó que en 2016 contrató a la empresa AIPAD S.A.S., representada por Guillermo Gonzalo Peña Aponte, para tramitar reclamaciones ante el entonces FOSYGA (hoy ADRES). Según la gerencia, el contratista falsificó facturas y documentos, incorporando pacientes y médicos inexistentes, así como insumos de proveedores sin relación con el hospital.
La detección del fraude se dio en 2018, tras una auditoría externa. El hospital procedió a devolver de inmediato a ADRES un total de $1.420 millones, incluyendo capital e intereses, y formuló denuncia penal contra el responsable.
El proceso judicial concluyó con la condena de Peña Aponte a seis años de prisión, multa e inhabilidad para ejercer funciones públicas. Asimismo, su hija, Liliana Peña Daza, enfrenta acusación penal por los mismos delitos.
La gerencia enfatizó que la Fundación fue reconocida como víctima en el proceso y que mantiene “intactos sus principios éticos, su compromiso con la salud de la región y su actuación en estricto apego a la ley”.