Los gobernadores de distintas partes del país mantienen su posición frente al decreto que incrementa el Impuesto al Consumo, pero reduce los recursos de los departamentos para destinarlos al Gobierno nacional.
Así quedó establecido tras la reunión entre los mandatarios regionales y los ministros de Hacienda y del Interior, en la que se expuso el desacuerdo de los mandatarios frente al Decreto 1474 de 2025 del Gobierno nacional que establece un incremento del 19% en el impuesto a productos como vinos, aperitivos, licores, cigarrillos y tabaco.
“Vamos a solicitar a la Corte Constitucional una salvaguarda para licores y cigarrillos. No queremos tomar decisiones unilaterales; queremos que sea el máximo órgano constitucional el que lo evalúe y, de ser necesario, decrete una medida cautelar que suspenda los efectos del impuesto”, anunció la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
El decreto reduce las rentas cedidas constitucionalmente a los departamentos, debilitando los ingresos para las regiones y afectando la financiación de derechos fundamentales de los ciudadanos como la salud, la educación y el deporte.
“Todos los Gobernadores nos sentimos aludidos, porque nuestra Nación no es solo unitaria y centralizada, también es descentralizada y con autonomía regional. Las rentas cedidas están constitucionalmente establecidas para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte. Si nos bajan las rentas no vamos a poder garantizar el PAE, el transporte escolar ni el pago del régimen subsidiado”, afirmó la mandataria.
En el caso del Valle del Cauca, el aumento en el impuesto al consumo se reflejaría en un alza significativa en los precios al consumidor. Una botella de aguardiente de 750 mililitros pasaría de $39.300 a $65.200, mientras que productos como el ron pasaría de $51.300 a $82.800, escenario que, según la Gobernadora, estimula el mercado ilegal.
“Estamos disminuyendo la renta del cigarrillo cerca de un 40% por cuenta del contrabando, que además está financiando estructuras criminales y hechos de inseguridad y terrorismo que hoy viven nuestras regiones”, advirtió Toro.
La medida nacional impactaría al sistema de salud en estado crítico. Actualmente, cerca del 49% de los recursos del Impuesto al Consumo se destinan a este sector; sin embargo, con el decreto, estos ingresos pasarían al Gobierno nacional.
“Si hoy no tengo con qué pagar el régimen subsidiado, que en este momento representa $63 mil millones, y con el aumento del impuesto esa cifra se duplica a más de $120 mil millones,¿el Gobierno Nacional va a asumir ese costo? Esa fue la pregunta que le hice al Ministro y no tuvo respuesta. Aquí no estamos peleando, estamos defendiendo derechos constitucionales”, sostuvo la mandataria vallecaucana.
Como resultado de la reunión, se acordó instalar una Mesa Técnica que permita evaluar de manera detallada el comportamiento de los tributos y las afectaciones a las finanzas departamentales.