La entrada en vigencia del Decreto 1474, mediante el cual el Gobierno Nacional incrementó el impuesto al consumo de licores, ha puesto en alerta a la Gobernación del Valle del Cauca por el riesgo de afectación a las rentas del departamento destinadas a la salud, el deporte y la educación.
Según los análisis y proyecciones técnicas de la administración departamental, esta medida tendrá un efecto directo y negativo en el precio de venta al consumidor, lo que derivaría en una inminente reducción de las rentas destinadas a la inversión social.
La gobernadora Dilian Francisca Toro advirtió que el encarecimiento de los productos legales abre una puerta al mercado ilícito, poniendo en riesgo los recursos para los sectores más vulnerables. “Si se va aumentar el doble del precio pues lógicamente vamos a tener mayor contrabando lo que nos generaría mayor disminución de nuestras rentas cedidas, y lógicamente no vamos a poder generar ese derecho fundamental para nuestros ciudadanos en la educación, la salud y el deporte”, señaló de manera enfática la mandataria regional.
De acuerdo con las estimaciones de la Industria de Licores del Valle (ILV), el incremento por botella de aguardiente podría rondar los 30 mil pesos, una cifra que desplazaría el consumo hacia productos de contrabando o adulterados.
“Con todo esto una botella que antes del decreto 1474 tenía un costo aproximado de mercado que oscilaba entre el 39 y 42 mil pesos, hoy va a quedar en 68 y 75 mil pesos”.
El directivo calificó el panorama como crítico para las finanzas públicas y la estabilidad de las empresas estatales: “De verdad que es una situación muy preocupante, tanto para las rentas del departamento como para las licoreras. Las licoreras van a enfrentar una situación muy compleja”, añadió José Moreno, gerente de la ILV, detalló el impacto en los precios de mercado:
Ante los retos que impone este nuevo escenario tributario, sumado a la apertura de fronteras y el alza en costos operativos, las licoreras oficiales del país han cerrado filas en torno a la postura de los mandatarios departamentales.
“Estamos todas las licoreras oficiales en Colombia apoyando la gestión de los gobernadores, especialmente, de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que está enfrentando una lucha legítima y constitucional, porque sabe los efectos que va a traer eso para las rentas departamentales y para las licoreras regionales”, concluyó el gerente de la ILV.