Este martes 14 de abril, después de seis días de bloqueos viales, pérdidas millonarias, vuelos cancelados, 10 millones de huevos represados y viajeros caminando kilómetros hasta el aeropuerto Palonegro con maletas al hombro, Santander comenzó a respirar.
El gobernador Juvenal Díaz anunció que en una reunión con el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, los alcaldes y los voceros de las protestas se llegó a un acuerdo de 12 puntos que incluye la revisión municipio por municipio de los avalúos catastrales que detonaron la crisis.
Así las cosas, los bloqueos comenzaron a levantarse. Los líderes del paro se dirigieron a los puntos de concentración para pedir a los manifestantes que despejaran las vías.
Pero para entender qué pasó en Santander estos últimos seis días — y por qué podría volver a pasar — hay que entender qué es el catastro multipropósito y por qué le cambió la vida a miles de campesinos colombianos de un día para otro.
El catastro multipropósito es una política del Gobierno Petro incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para actualizar los avalúos catastrales de los predios del país — es decir, el valor oficial que el Estado asigna a una propiedad para calcular impuestos. Según el IGAC, muchos de esos avalúos llevaban 5, 10, 15 o más años sin actualizarse, lo que generaba distorsiones en los valores reales y limitaba la capacidad de los municipios para financiar su desarrollo.
El problema es que la actualización, en muchos casos, no fue gradual ni consultada. De la noche a la mañana, campesinos que tenían predios rurales con avalúos de 5 millones de pesos vieron que el IGAC los actualizó a 50 o 100 millones. Algunos reportaron aumentos de más del 500%. Sus tierras, en papel, valen más. Pero su capacidad de pago es exactamente la misma — o menor, dado que son agricultores con ingresos variables y muchos de ellos apenas de subsistencia.
En la práctica, el aumento del avalúo catastral no solo impacta el impuesto predial. También puede afectar la declaración de renta, el acceso a subsidios del Estado y otros beneficios que dependen del nivel de ingresos o patrimonio declarado. Un campesino que en el papel tiene una finca de 100 millones ya no es «pobre» según los registros del Estado — aunque en la realidad siga sembrando maíz y ganando lo que siempre ha ganado.