Las recientes denuncias que salpican al expresidente Gustavo Petro por presuntos "sexocontratos" y la difusión de grabaciones privadas han generado una fuerte sacudida al interior del Pacto Histórico.
Los integrantes de la bancada han reaccionado con un tono marcadamente cauteloso, evidenciando posturas divididas que transitan entre el respaldo institucional a su líder y la preocupación por las implicaciones éticas del caso.
Una de las primeras reacciones conjuntas provino de la bancada de mujeres del Pacto Histórico, la cual emitió un comunicado respaldando el debido proceso y la presunción de inocencia que le asiste al exmandatario.
Sin embargo, en un intento por equilibrar la balanza de género, exigieron a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar rutas de atención y evaluar la seguridad de la mujer denunciante, Deicy Jiménez, para asegurar que comparezca ante las autoridades sin sufrir descalificaciones públicas. El senador Iván Cepeda se sumó a esta línea argumental, enfatizando en la importancia de respetar las garantías jurídicas del exjefe de Estado.
Por otro lado, figuras cercanas al petrismo han catalogado el incidente como un asunto estrictamente personal. La exsuperintendente Cielo Rusinque manifestó que estos hechos corresponden a la esfera de la vida privada del líder político y advirtió sobre el riesgo de que el escándalo sea instrumentalizado con fines políticos por la oposición.
En contraste, la senadora Laura Ahumada señaló que, si bien deben otorgarse plenas garantías a las partes, la última palabra la tendrán los jueces y la Fiscalía, encargados de determinar si existió algún tipo de conducta delictiva o desvío de recursos públicos.
La mayor autocrítica provino del dirigente Gustavo Bolívar, quien no ocultó su pesar y molestia por los constantes escándalos que salpican la colectividad. Bolívar advirtió que estos señalamientos golpean directamente la credibilidad colectiva de la izquierda y solicitó de manera inmediata la intervención del comité de ética del partido para evaluar el comportamiento y las responsabilidades políticas de los implicados.